DF Tax | No una reforma, sino un gran pacto fiscal para Chile

Paula Madariaga y Rodrigo Ugarte

Después de la derrota sufrida por el gobierno con el proyecto de reforma tributaria, se ha iniciado un nuevo proceso, el que -de acuerdo con los lineamientos planteados por el Ministro de Hacienda, Mario Marcel- deberá incluir acuerdos que permitan su aprobación. El nuevo intento ha sido publicitado como un “pacto fiscal para Chile”. Sin embargo, surge la interrogante de la extensión de este pacto.

Como ocurre cada vez que se anuncia una nueva reforma tributaria, se produce un clima de incertidumbre que afecta la inversión y el desarrollo económico; pues, quienes están dispuestos a invertir en el país optan por esperar que se despejen las incertezas que ello produce.

“Es indispensable que la ley tributaria constituya una política de Estado y no del gobierno de turno, con la participación ciudadana adecuada, para evitar que modificaciones a la ley tributaria sean una nueva promesa de campaña”.

Por otra parte, sabido es que en los últimos años cada gobierno ha aprobado modificaciones a las leyes tributarias; las que han implicado cambios sustanciales en el sistema, sin que exista una coherencia y continuidad, pues más bien se han centrado en análisis aislados de cada nueva normativa, perdiendo de vista la necesidad de evaluar los efectos conjuntos y acumulativos de las regulaciones. Por ello, gran parte de dichas reformas no han sido consistentes en establecer acuerdos que determinen una real política tributaria; la que, más allá de cumplir su finalidad recaudatoria, satisfaga los principios esenciales que debe informar al sistema.

En este sentido y en columnas anteriores, se han abordado temáticas como los costos de cumplimiento y fiscalización que conllevan los cambios legales sucesivos, aspectos que sin duda reducen la recaudación. Por otra parte, se ha hecho hincapié en la finalidad recaudatoria que se ha plasmado a la hora de discutir tales reformas, quedando relegados principios tan trascendentes como la simplicidad.

Asimismo, consideramos que la participación no solo de la política sino de los actores relevantes en la materia, debe ser considerada a fin de garantizar grandes acuerdos transversales que permitan consensuar un proyecto duradero que cumpla la finalidad de otorgar certezas y que asegure su permanencia en el tiempo. Así, no solo el aspecto recaudatorio sería tenido en cuenta, sino que, además, aquellas cuestiones técnicas que permitan que el sistema tributario en sí sea eficiente.

En este contexto, es indispensable que la ley tributaria constituya una política de Estado y no del gobierno de turno, con la participación ciudadana adecuada, para evitar que modificaciones a la ley tributaria sean una nueva promesa de campaña.

La reciente experiencia de la aprobación de la ley laboral que redujo la jornada de trabajo de 45 a 40 horas, debiera servir de guía en la materia, ya que fue ampliamente consensuada y tiene la legitimidad técnica, política y social para convertirse en una política pública duradera y fructífera.

Chile no necesita una nueva reforma, sino un nuevo gran pacto fiscal.